2.3 EL MARCO CONSTITUCIONAL

A partir de la Constitución de 1978, España establece un modelo de Estado y de Gobierno que incide en todos los ámbitos del quehacer social. Indudablemente, también tiene repercusiones importantes en la concepción de la educación y, más en concreto, en la plasmación de la misma en su sistema educativo. Nos centraremos en dos amplias cuestiones que obligan a reorganizar enteramente el funcionamiento del sistema educativo desde el punto de vista estatal.

En primer lugar, España pasa de ser un Estado centralista a convertirse en un Estado de Autonomías, que irán asumiendo paulatinamente competencias de Gobierno en diversas materias, entre las cuales se encuentra la educación. No obstante, a pesar de que estas Comunidades Autónomas disponen de plena competencia para desarrollar el sistema educativo en su ámbito de gestión, se opta constitucionalmente por un único sistema educativo para el conjunto del Estado, lo cual obliga a un modo de funcionamiento peculiar, que comentaremos a continuación. El sistema educativo español ya no se regula, en todos sus extremos, de igual forma para la totalidad de la nación. Aparecen unas normas básicas, emitidas por la Administración Central del Estado, que deben ser respetadas por los Gobiernos autonómicos, para salvaguardar la homologación del sistema educativo común, la equivalencia de titulaciones que se otorguen en cualquier punto del país y, especialmente, la igualdad de oportunidades educativas y la calidad de la educación a las que tienen derecho todos los ciudadanos españoles. A partir de estas normas básicas, cada Comunidad Autónoma desarrolla su contenido en función de los diversos contextos: necesidades específicas, condicionantes geográficos o económicos, diferentes situaciones políticas, culturales, sociales, etc. De esta forma se posibilita la adecuación de la norma a las peculiaridades de cada autonomía y. en consecuencia, se favorece el logro de los mejores resultados para la población a quien se dirige.

En segundo lugar, España adopta un sistema democrático de Gobierno que obliga a tomar decisiones en el funcionamiento del sistema educativo que resulten coherentes con las exigencias del mismo, En este sentido, la democracia reconoce de modo explícito la legitimidad de las diferentes ideologías que conviven en una misma sociedad, planteamiento que obliga a que los centros escolares adecuen sus proyectos institucionales a las características de su alumnado, de manera que, puedan dar la respuesta apropiada a las necesidades y exigencias de cada Lino. Esta adecuación a la que aludimos requiere de la autonomía correspondiente, que permita tomar decisiones en el ámbito curricular, organizativo y económico a los centros sostenidos con fondos públicos; en caso contrario, difícilmente se podrá atender la pluralidad de ideologías, culturas, formas de ser, etc., que se dan cita en la comunidad educativa del mismo centro escolar.

En orden a la nueva configuración del sistema educativo de acuerdo con los planteamientos aquí esbozados, marcados en nuestra Constitución, se fueron emitiendo normas de distinto rango que modificaron parcial y progresivamente el anterior modelo de funcionamiento, hasta llegar a la publicación de las Leyes reguladoras básicas del sistema educativo, que son las que en la actualidad rigen legalmente la educación en el conjunto del Estado, y a partir de las cuales, cada Gobierno autónomo con plenas competencias en materia de educación ha regulado el sistema educativo en su territorio de gestión, como puede comprobarse en el desarrollo de cualquiera de los capítulos que siguen a continuación. Para facilitar la interpretación de todo cuanto se comenta seguidamente, transcribimos literalmente los artículos 27 y 149 (en sus apartados 1.1, 1.18 y 1.30) de la Constitución Española, que son los que determinan, especialmente, el posterior desarrollo del sistema educativo:

• Artículo 27: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita

Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales,

Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la Ley establezca.

Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la Ley establezca. »

• Artículo 149.1. «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

18ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizaran a los administrados un tratamiento común ante ellas, el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas

30ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia».